DECLARACION DE MARRAKECH

7.06.2017

La FBE, Fédération des Barreaux d’Europe, constituida por 250 colegios miembros, representando aproximadamente a unos 800.000 abogados de los Estados miembros del Consejo de Europa.

En su seno, la Comisión del Mediterráneo, cuyo objetivo principal es el garantizar los intercambios de los abogados de las riberas del Mediterráneo, y con el fin social de acercar las tradiciones y prácticas jurídicas de la comunidad mediterránea donde el derecho sea fundamento del proyecto social, con pleno reconocimiento de la dignidad de la persona como sujeto último y necesario del orden jurídico, ayudando con ello a crear espacios de paz y libertad. En consecuencia, y dado que los flujos migratorios se producen desde y hacia ambos lados del Mediterráneo, desplazamientos forzosos causados por varios factores geopolíticos y conflictos que tienen lugar en nuestros territorios y habiendo provocado la mal llamada crisis de refugiados, y por ende la muerte o desaparición de miles de migrantes, es por ello que la Comisión del Mediterráneo con ocasión de las “Assisses de la Méditerranée” celebradas en Marrakech, del 9 al 11 de marzo de 2017, desea hacer la siguiente declaración, con el fin de que la misma sirva de hoja de ruta para todos los abogados y abogadas independientes que defienden los derechos humanos de los migrantes, y con la pretensión de enfatizar la importancia de los derechos fundamentales y humanos y de las libertades, y del principio del Estado de Derecho en el área del derecho de migración y que sirva de llamada a todos los estados y todas las organizaciones internacionales de abogados a que respeten los derechos, principios y obligaciones siguientes:

1. Entre los fines de la Comisión del Mediterráneo están la defensa del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho de acceso a la justicia.

2. La migración, ya sea regular o irregular, presenta retos comunes para todos los Estados miembros de esta comisión, cuestiones que abarcan un amplio espectro de derechos y legislaciones, incluyendo entre otros, los derechos humanos y derecho humanitario, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de familia y el derecho administrativo.

3. Todos los Estados miembros deben defender y garantizar el acceso a los derechos y la dignidad de los migrantes, incluyendo la asistencia jurídica, el derecho de acceso a los Tribunales y la representación letrada que permitan el acceso a un recurso efectivo. Este derecho de acceso a la justicia debe serlo en iguales condiciones que los nacionales del Estado miembro de acogida. Se debe proveer de asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, ya sea este administrativo o judicial. La abogacía encargada de defender a los migrantes tiene como deber fundamental de asegurar que se respeten los derechos y la dignidad de los migrantes.

4. Los Colegios de abogados deben garantizar que los letrados encargados de defender a los migrantes reciban una formación de calidad y continuada sobre migración y protección internacional.

5. Se velará por el acceso de los migrantes, necesitados de protección internacional, a los procedimientos de asilo y por el respeto de la Convención de Ginebra de 1951 que establece el Estatuto de Refugiado.

6. Se cuidará de forma específica que toda persona que sea objeto de expulsión o devolución a otro Estado tenga garantizado el acceso a un abogado, a los procedimientos, a un recurso efectivo y a la aplicación de los derechos humanos, tratando de evitar las expulsiones colectivas y sumarias.

7. Se vigilará en especial los derechos de las personas más vulnerables, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, mujeres embrazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.

Y, con el deseo que esta declaración y sus principios sean atendidos por aquellos estados y organizaciones que pueden impulsar su efectividad, se firma en la ciudad de Marrakech el 11 de marzo de 2017.